San Pedro Sula, Cortés. – Fiscales asignados a la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) de la Regional del Norte, en audiencia de procedimiento abreviado solicitaron una pena de entre 11 y 31 años de reclusión contra una pareja que vendió a una menor de edad por seis mil lempiras.

Dentro de la petición planteada, el Ministerio Público solicita específicamente una pena de 11 años con tres meses de reclusión para María Lucinda Miguel Velásquez, a quien se le considera responsable del delito de trata de personas agravada en su modalidad de servidumbre. Asimismo, para su pareja sentimental, Kelvin Adonay Castillo, se ha solicitado una condena de 31 años con un mes de cárcel, al imputársele dos delitos de violación agravada en concurso real y el delito de trata de personas agravada en su modalidad de servidumbre.

Según el expediente, Kelvin Adonay Castillo aprovechó su posición de control en el núcleo familiar tras iniciar una vida marital con la procesada para abusar sexualmente de la menor en dos oportunidades. Posteriormente, los ahora condenados, quienes se dedicaban al comercio ambulatorio de frutas y verduras, entraron en contacto con Salvador Cruz y Silvia Ortiz para negociar la entrega de la pequeña.

El informe investigativo detalla que, los acusados pactaron la venta de la menor por una suma de diez mil lempiras, aunque los reportes iniciales indicaban una transacción de seis mil lempiras lo que llevó posteriormente a realizar un proceso de allanamiento en una comunidad de Santa Rosa de Copan y El Progreso, Yoro. Esta situación derivó en una operación de captura ejecutada el 26 de mayo de 2025, la cual fue dirigida por el Ministerio Público con el apoyo de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional Policial de Servicios Comunitarios (DNPSC).

En cuanto a los compradores, Salvador Cruz y Silvia Ortiz, estos enfrentan un proceso penal independiente por los delitos de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado, violación agravada en concurso real y otras agresiones sexuales. Actualmente, el caso contra estos últimos se mantiene bajo un recurso de apelación tras el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva dictado anteriormente.