Tegucigalpa, Francisco Morazán. – El Fiscal General de la República, abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, junto a miembros del Comité contra el Abuso Sexual Infantil, sostuvieron una reunión de trabajo orientada a consolidar estrategias que fortalezcan la protección integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.

Este encuentro refleja el firme compromiso del Ministerio Público de Honduras en la defensa de los derechos de la niñez y de los grupos en condición de vulnerabilidad, impulsando acciones concretas que aseguren procesos de investigación sensibles, eficaces y libres de revictimización.

Durante la reunión, representantes de instituciones dedicadas a la protección de la niñez destacaron la importancia de ampliar y fortalecer el uso de las Cámaras Gesell a nivel nacional, reconociéndolas como una herramienta esencial para garantizar que las víctimas puedan rendir su testimonio en entornos seguros, dignos y adecuados a su condición.

En ese sentido, el Comité expresó su respaldo a la iniciativa de ley presentada ante el Congreso Nacional, que contempla una ampliación presupuestaria de 26,063,716.75 lempiras para el Ministerio Público en el ejercicio fiscal 2026. Dicha inversión permitirá la reparación y puesta en funcionamiento de 17 Cámaras Gesell ya existentes, así como la construcción de 14 nuevas en departamentos que actualmente carecen de este recurso especializado.

Esta propuesta cobra especial relevancia ante el preocupante incremento de casos de abuso sexual infantil en el país, donde, según registros, se interpone una denuncia por delito sexual cada 4 horas con 52 minutos.

Las Cámaras Gesell constituyen un pilar fundamental en la atención a víctimas, al facilitar la obtención de testimonios en condiciones que protegen su integridad emocional, evitando su exposición repetida a procesos judiciales que puedan generar mayores afectaciones.

El Ministerio Público reafirma su compromiso inquebrantable de continuar fortaleciendo sus capacidades institucionales para proteger a la niñez hondureña y a otros grupos vulnerables, promoviendo mecanismos innovadores, humanos y efectivos que contribuyan a la investigación de los delitos, la sanción de los responsables y la garantía plena de acceso a la justicia.