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Fiscal General Adjunto convoca al Consejo Nacional de Protección para fortalecer la seguridad de defensores de derechos humanos

Publicado el 26 junio, 2026 | | Compartir

Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Fiscal General Adjunto, Marcio Cabañas Cadillo, como coordinador del Consejo Nacional de Protección, convocó a una sesión de trabajo para fortalecer las acciones y políticas dirigidas a garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en Honduras.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y fue presidida por el Fiscal General Adjunto, quien reiteró la importancia de consolidar mecanismos efectivos de prevención y protección para los sectores beneficiarios de la Ley de Protección.

Durante la reunión se abordaron diversos temas de interés para el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección. En ese sentido, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (JOPRODEH) presentaron un informe sobre las principales debilidades y obstáculos identificados en la implementación del mecanismo.

Asimismo, el pleno del Consejo conoció la postura sobre el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Especial de Disciplina, así como un análisis de los vacíos legales existentes en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de Justicia y Defensores del Ambiente y su respectivo reglamento.

De igual forma, se presentó un informe de seguimiento a la propuesta de prevención y protección impulsada por la Plataforma Agraria, relacionada con las personas beneficiarias de medidas cautelares, con el objetivo de evaluar los avances y fortalecer las acciones institucionales en favor de su seguridad.

El Consejo Nacional de Protección promueve un entorno más seguro para quienes desempeñan labores fundamentales en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la administración de justicia y la protección del ambiente, mediante el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la mejora continua de los mecanismos de protección.

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