Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se personaron a las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), donde recepcionan documentación certificada que fue requerida como parte de una investigación en curso.

Se trata de seguimientos a diligencias con las que el Ministerio Público busca determinar el uso y manejo de un fideicomiso suscrito entre CONATEL y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) en el año 2014 por un monto superior a los 400 millones de lempiras, del cual se recibió una denuncia por supuestos actos de corrupción.

En ese contexto, se indaga sobre la presunta comisión o existencia de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Dicha denuncia además es por el destino y utilización de otros millonarios fideicomisos convenidos entre BANADESA y la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), en la administración anterior.

En torno al caso de CONATEL, como se recordará, el pasado 29 de julio, la UNAF y la ATIC efectuaron una primera inspección como parte de la Operación Némesis VII.