Tegucigalpa, Francisco Morazán.  Agentes de tribunales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en las últimas horas reportan que el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, tras el desarrollo de la audiencia de proposición de medios de prueba, ha admitido la totalidad de éstas en la causa penal que se sigue en contra de la ciudadana Milgian Yamileth Alonzo Carías por suponerla responsable  del delito de enriquecimiento  ilícito, es así que el juicio oral y público está previsto para el 25 de octubre durante el cual, la Fiscalía espera obtener una sentencia condenatoria en el marco del debido proceso.

La imputada se desempeñó como auxiliar de contabilidad en la dependencia de Importaciones y Exportaciones y como oficial de aduanas en la Dependencia de Aforo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) durante el periodo del 20 de mayo de1993 al 27 de junio de 2002 y del 27 de junio de 2002 al 31 de agosto de 2005, por cuyo cargo y funciones se vio obligada conforme a Ley a presentar sus respectivas Declaraciones Juradas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

De conformidad con el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía “El Departamento de Investigación y Verificación del Tribunal Superior de Cuentas practicó una investigación a los bienes y declaraciones juradas, ingresos y egresos, activos y pasivos presentados por la señora Milgian Yamileth Alonzo Carías en la cual se determinó un incremento de capital a la investigada que asciende a un valor de un millón 707 mil 408 lempiras con veintiocho centavos capital que no es justificable por los ingresos netos disponibles” indica el escrito de la acusación.

Agotado el procedimiento administrativo por parte del TSC, este ente del Estado determinó remitir el informe final de la investigación al MP, en virtud de concluir indicios de responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía por su parte realizó las investigaciones pertinentes concluyendo los fiscales la pertinencia del impulso de la acción penal pública por enriquecimiento ilícito en contra de la ex servidora pública.