Tegucigalpa, Francisco Morazán.  En diferentes oficinas del Ministerio Público (MP) regionales y locales, se conocen casos penales en contra de individuos, en su mayoría adultos, contra quienes se sospecha la comisión de ilícitos penales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, en ese sentido, en las últimas horas se reportan los siguientes resultados del trabajo llevado a cabo por los agentes de tribunales: Fiscales de protección a la niñez en La Ceiba tras la realización de una audiencia inicial por requerimiento fiscal presentado en contra de Santos Tomás Moya Tejeda conocido con el alias de “santín” por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de un niño de trece años, la autoridad judicial competente resolvió dictar auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.

Siempre en esta localidad del país, se llevó a cabo audiencia inicial en el proceso penal que se sigue en contra de Joel Alejandro Euceda Noriega, por suponerlo responsable del delito de estupro continuado en perjuicio de un niño de 15 años, el juez competente, resolvió dictar auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.

Mientras, en la capital, auto de formal procesamiento y medidas distintas a la prisión preventiva dictó un juez competente en contra de Protacio Ordoñez Oliva, quien enfrenta un proceso penal por suponerlo responsable del delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de 10 años, la audiencia preliminar quedó prevista para el día 19 de mayo de 2022 en horas de la mañana.

Audiencia de prueba anticipada en Cámara de Gesell y audiencia inicial se llevó a cabo en contra del imputado Emil Roberto Bonilla Ramírez acusado por el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de una menor de 14 años y de una dama de 41 años, el juez competente dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva.

Una pena de seis años de cárcel, cuatro meses y 15 días de reclusión le fue dictada por autoridades judiciales competentes a Carlos Humberto Larios Romero quien fue procesado penalmente por el delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de una niña de nueve años, concurriendo circunstancias agravantes más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.

Siempre en Tegucigalpa, se desarrolló audiencia de lectura de sentencia según consta en el expediente TST/FM 0801 2021 00467 en contra de Daniel Solórzano procesado por el delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una niña, en este contexto, se le dictó una pena de ocho años de cárcel.

Entre tanto, tras audiencia de procedimiento abreviado, en contra del imputado Arnold Fabián Banegas, a éste se le condenó a una pena de seis años, tres meses de prisión y las penas accesorias de prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble de tiempo de la pena de prisión, libertad vigilada por un año e inscripción en el libro de agresores sexuales e inhabilitación absoluta, todo lo anterior, por haber cometido el delito en perjuicio de una menor de once años.

Keyla Yamileth Cáceres Valladares fue condenada a una pena de dos años con tres meses de cárcel por haber cometido el delito de aborto la resolución judicial se da tras la aplicación de un procedimiento abreviado en el expediente No 2150- 2020.

Para mañana está prevista la audiencia de individualización de la pena en la causa penal que se sigue en contra de Luis Fernando García Martínez, por el delito de incumplimiento del deber de asistencia y sustento en perjuicio de una menor de diez años.

Por otra parte, en la ciudad de La Ceiba, según expediente No 0101-2021-00116 se celebró audiencia de juicio oral y público en el expediente en contra de Ives Franklin Martínez por la comisión del delito de violación agravada y otras agresiones en perjuicio de una niña de diez años de edad, en la continuación de audiencia de juicio se le condenó por agresiones sexuales agravadas y se le absolvió por el delito de violación.

También resultó con sentencia condenatoria tras el desarrollo de juicio oral y público el ciudadano Daniel Solórzano quien cometió el delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor de edad, los fiscales solicitaron una pena de nueve años de prisión, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, libertad vigilada y el registro del imputado en el libro de agresores sexuales.