San Pedro Sula, Cortés. – Gracias a las pruebas presentadas en diferentes causas penales, los agentes de tribunales del Ministerio Público han logrado sentencias condenatorias y resoluciones favorables contra vinculados a delitos de abuso sexual y tráfico de personas, entre otros procesos judiciales.

Para el caso, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, en audiencia de estricta conformidad, logra la sentencia a la pena de 10 años de reclusión contra Carlos Castro Centeno (60), como responsable del delito de otras agresiones sexuales agravadas continuada en perjuicio de una menor de edad.

A la pena aplicada a Carlos Castro, se le agrega las penas accesorias y la inhabilitación absoluta e interdicción civil y una vez cumpla la sentencia de 10 años, por un término de 20 años no podrá acercarse y vivir cerca de la víctima, más los 10 años de libertad vigilada y su nombre deberá ser inscrito en el libro donde figuran las personas condenadas por agresiones sexuales.

Los agentes de tribunales también evacuaron audiencia de prueba anticipada en la causa contra Michelle Josué Sorto Palma, sospechoso del delito de otras agresiones sexuales agravada continuada y violación calificada agravada; y contra un menor de edad condenado a dos años de internamiento, luego que en audiencia de estricta conformidad admitiera su responsabilidad como infractor.

Entre tanto, la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), presentó requerimiento fiscal contra Alexis Gonzalo Romero Pérez, de oficio taxista, por el presunto delito de tráfico de personas.

El ruletero fue apresado en el trayecto carretero al punto fronterizo de Corinto, Omoa, Cortés transportando a tres personas que en condiciones de ilegales pretendían llegar a Estados Unidos.

El acusado retornará al Juzgado de Letras de lo Penal el próximo 4 de marzo para la celebración de la audiencia inicial, donde los fiscales aportarán todos aquellos elementos que vincularían al taxista al ilícito penal.

Por otra parte, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en conjunto con otras instituciones continúan con las diligencias investigativas en el proyecto habitacional Ciudad Jaragua y en la División Municipal Ambiental (DIMA).

Con las investigaciones se pretende establecer los procedimientos aplicados para el otorgamiento del permiso para la construcción de proyecto, verificar el impacto ambiental y otros elementos que puedan establecer la comisión de un ilícito penal.