San Pedro Sula, Cortés. – La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), de la Regional del Norte en San Pedro Sula, en el 2024 logró importantes resultados que permitieron la presentación de 94 requerimientos fiscales contra personas ligadas a delitos contra la vida, con la obtención de sentencias condenatorias. De los 94 requerimientos fiscales presentados por los agentes de tribunales del Ministerio Público, 22 de ellos están ligados a muerte de mujeres por hechos suscitados en la zona del Valle de Sula.
Dentro de las sentencias condenatorias se destaca la obtenida en la causa contra Roger Enrique Lanza Gonzales, responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de su esposa Jennifer Alejandra Galdámez, a quien se le impuso una pena de 18 años con nueve meses de reclusión. También, la condena contra David Alexander Lamberth Clotter, señalado responsable de tres delitos de femicidio en perjuicio de Yanaira Jacqueline Aranda Castillo, Cristy Fabiana Espinoza Máximo y Ana Castillo, hecho que ocurrió el 15 de enero de 2023 en las playas de la aldea La Travesía, en Puerto Cortés.
La FEDCV, resalta la condena contra José Isaí Melgar Cortés por el asesinato de Pablo Isabel Hernández quien era un reconocido líder indígena Lenca que defendía y promovía los derechos de su pueblo desde diversas plataformas; además, director de la Radio Comunitaria Tenán y alcalde Mayor de la Auxiliadora de la Vara de Alta de Caiquín. Igualmente, presidente de la Red de Agroecólogos de la Biósfera Cacique Lempira, miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del departamento de Lempira y en vida, promovía la creación de la Universidad Indígena Lenca y de los pueblos.
El líder indígena y comunicador social comunitario, fue ultimado el 9 de enero de 2022 en la aldea Tierra Colorada, San Marcos de Caiquín, Lempira, en el momento que se encaminada hacia la iglesia católica para una celebración religiosa.
Asimismo, se destaca la condena contra Jorge Martín Guzmán Maldonado y Nelson Ariel Lara Pineda por el asesinato del padre José Enrique Vásquez Cálix, (conocido como el Padre Quique), en un hecho que ocurrió el 2 de marzo de 2023; el cadáver del presbítero fue encontrado en Morazán, Yoro. Los agentes de tribunales destacan a su vez, la sentencia a Juan José Murcia, Leonel Núñez Murcia y Agner Vega, como responsables del asesinato de Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel Humberto Ramos Moscoso y Cindy Xiomara Castro Torres, señalados en el caso de la desaparición del menor Enoc Misael Chinchilla.
Otros de los expedientes donde se logró condena en el 2024, fue la sentencia contra José Francisco Ramírez Gonzales como responsable del asesinato de nueve personas en la zona de Mezapa, Atlántida; al igual que el de José Leonel Sarmiento por el parricidio de la enfermera Dolores Eloína Mejía García en el barrio Cabañas en San Pedro Sula. De la misma manera, fue condenado José Misael Sagastume por el asesinato de Blanca Rosa Cabrera a quien dio muerte al creer que le hizo brujería a su madre, en un hecho que ocurrió en Santa Cruz de Yojoa.
Se suman a los casos, la condena contra Carlos Arturo Quintanilla por el parricidio de su hijo Arturo Sebastián Quintanilla López, de su suegra Bertilia Murcia por tentativa de parricidio y de su expareja, Denia Jackeline López Murcia por tentativa de parricidio y violación agravada. Enmanuel Geovany Díaz Velásquez fue condenado por el asesinato de Gresy Carolina Meza y Karol Estefany Alas, miembros de la comunidad de diversidad sexual en un hecho que ocurrió el 16 de febrero de 2017 en la aldea Río Chiquito, Choloma, Cortés.
Otro caso relevante fue la sentencia contra Ezequiel Espinoza Zúñiga, por el asesinato de tres agentes de la Policía Nacional Preventiva que respondían a los nombres de Jairo Marcelino Posadas Ortiz, Juan Carlos Murillo Olivera y Jonathan Josué Ramos, en un hecho que ocurrió el 24 de abril de 2022 en la aldea Agua María, Trujillo, Colón. Por su parte, Jhony Alexander Arita Martínez fue condenado por femicidio agravado en perjuicio de la maestra cholomeña Maribel Membreño Torres; y el caso de Eder Rolando Zamora, condenado por el asesinato de la profesional en administración de empresas, Deisy Azucena Acosta Bonilla, oriunda de La Lima, Cortés.