Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, por medio de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), compareció a la audiencia de declaración de imputado del caso Pandora II, en la que se le impusieron tres medidas cautelares que incluyen una caución de seis millones de lempiras a los primeros seis exfuncionarios sometidos a la justicia en este expediente y quienes irán a audiencia inicial el 10 de enero de 2024.

Se trata del expresidente, Porfirio Lobo Sosa y el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, acusados por fraude; el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina y el director de presupuesto de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de BANADESA.

En ese sentido, el involucramiento del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado (con proceso en Estado Unidos por delitos de crimen organizado) se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.

En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.

Asimismo, las investigaciones del Ministerio Público determinan que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.

Al otro coimputado, el octavo en el caso, al no comparecer a audiencia de declaración de imputado, se le libró la respectiva orden de captura.

Vale mencionar que, la presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste.