Tegucigalpa, Francisco Morazán. – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó requerimiento fiscal ante un Juzgado con Jurisdicción Nacional en contra del exoficial de policía Mario Guillermo Mejía Vargas, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por fiscales de la FESCCO, en coordinación con los equipos técnicos especializados, se determinó que el imputado no logró justificar el origen lícito de Cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos treinta y seis lempiras (L. 5,492,836.00), recursos que presuntamente fueron obtenidos a través de actividades vinculadas al crimen organizado.

Mario Guillermo Mejía Vargas actualmente cumple una condena en los Estados Unidos tras haber sido encontrado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico, como resultado de investigaciones que evidenciaron su participación en estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Asimismo, durante procesos judiciales desarrollados en ese país, el exoficial de policía admitió haber participado en planes criminales dirigidos contra el exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González, hecho que forma parte de los antecedentes que reflejan sus vínculos con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas y que se encuentran en proceso de investigación.

De nuevo se reafirma el compromiso de continuar impulsando acciones contundentes contra las estructuras criminales y sus fuentes de financiamiento, ejerciendo la acción penal pública contra quienes pretendan beneficiarse de recursos provenientes de actividades ilegales.

Las investigaciones financieras y patrimoniales desarrolladas por los fiscales permitieron sustentar la presentación de este requerimiento fiscal, orientado a garantizar que los bienes y recursos de origen ilícito sean perseguidos conforme a la ley.

El Ministerio Público reitera a la ciudadanía que la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos constituye una prioridad institucional para fortalecer el Estado de Derecho y combatir la impunidad.