Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), logró que se dictara auto de formal procesamiento contra los exmagistrados Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, exintegrantes de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (2016-2023), acusados del delito de prevaricato judicial.

La corte de apelaciones en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción ratificó recientemente dicha resolución por unanimidad de votos, declarando sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los imputados. En consecuencia, los exmagistrados deberán continuar enfrentando el proceso judicial en su contra.

Según las investigaciones, estos exmagistrados supuestamente emitieron una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por una cuantía de ciento cincuenta y nueve millones, ochocientos diez mil setenta y un dólares con treinta y nueve centavos ($ 159,810,071,30).

La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el Pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, fuera devuelto a la nueva Sala de lo Civil, luego que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al Pleno por no haber alcanzado una resolución unánime. Este proceder es considerado antijurídico, ya que cuando un expediente llega al Pleno tras no haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede ser devuelto, dado que el Pleno actúa como instancia definitiva.

De acuerdo al requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Hernández influyó en el Pleno para que los recursos de casación fueran conocidos y resueltos por la Sala que él integraba, demostrando un interés particular en el caso. Consumado el propósito, el 22 de marzo de 2022, junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, habrían materializado la ilegalidad al emitir una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias demandadas.