Fiscales de todo el país conocen Reglamento de la Dirección General de Fiscalía

En el marco del Programa EUROJUSTICIA y la Planificación Estratégica 2015 – 2020, definida por el Fiscal General de la República Abogado Óscar Fernando Chinchilla, el Ministerio Público desarrolla un programa de capacitación sobre el Reglamento de la Dirección General de Fiscalía, dirigido a más de 300 operadores fiscales de todo el país. La realización y puesta en vigencia a partir del 8 de agosto de 2016 de este instrumento, marca un hito histórico para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública.

El Reglamento de la Dirección General de Fiscalía, tiene trascendencia jurídica y social en virtud del carácter profesional, técnico, científico y especializado que revisten las actuaciones de la gestión fiscal durante todas las etapas del proceso penal, identificadas desde la investigación y juzgamiento, hasta la conclusión del mismo. De este modo se persigue el noble propósito de garantizar la confianza de la sociedad hondureña en el combate del delito por parte de todos los fiscales de tribunales que se desempeñan en los diversos despachos de fiscalía. La nueva reglamentación permitirá que los trámites, investigaciones y el juzgamiento de casos con relevancia jurídico pena cuenten con protocolos, procedimientos y métodos que desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo permiten medir objetivamente el desempeño de los fiscales, siendo ello, concordante con el objetivo fundamental que da existencia jurídica al Ministerio Público.

Estos esfuerzos institucionales son apoyados técnica y financieramente por el Programa EUROJUSTICIA, “Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras”, que se lleva a cabo con financiación de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

EUROJUSTICIA es una iniciativa de la Unión Europea, la AECID, y el Estado de Honduras que tiene como objetivo principal contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social.