Tegucigalpa, Francisco Morazán. Por los supuestos delitos de abuso de autoridad y desobediencia fiscales presentaron requerimiento fiscal contra dos funcionarios de la Penitenciaria Nacional Femenina (PNFAS).

Los imputados son José César Hernández Reyes, quien se desempeña como asesor legal de (PNFAS) y la comisaria Kelly Vanessa Amador Espinoza, quien actualmente es la jefa del punto de control del aeropuerto de Palmerola de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF)

A los funcionarios se les acusa por el delito de desobediencia y abuso de autoridad porque negaron el ingreso de una fiscal de derechos humanos a las instalaciones de la penitenciaría femenina quien iba a realizar diligencias investigativas por violación de derechos de cuatro privadas de libertad.

El equipo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) conformado por la fiscal y dos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) se presentaron el 27 de enero del año 2021, a inspeccionar el área “La plancha” que es utilizada como castigo por sus condiciones no aptas y el aislamiento prolongado de la misma.

Al momento de ingresar al primer anillo de seguridad la fiscal informó y explicó las acciones que iba a realizar como parte de las investigaciones que le facultan como fiscal del Ministerio Público, pero la imputada Kelly Amador ordenó que fueran atendidos por el asesor legal Hernández Reyes, quien de forma prepotente le dijo que tenía que llevar una solicitud por escrito para poder ingresar.

Por tal razón la abogada le explicó que ella está facultada por la Ley del Ministerio Público para hacer ese tipo de acciones en los centros penales como fiscal, que no necesitaba ninguna nota por escrito, por lo cual el asesor legal de forma agresiva y gritando le dijo que no era un potrero para que entrara cuando quisiera.

En una segunda ocasión la fiscal se presentó a PNFAS para hacer inspección y tomar declaraciones de privadas de libertad por denuncias de tratos inhumanos en perjuicio de las féminas, pero también fue denegado el acceso por no llevar la solicitud por escrito.

Es por eso que la fiscal se vio obligada a redactar una nota manuscrita el 07 de abril del 2021, para que le permitieran el ingreso al centro penal femenino, en donde se constató que se había modificado la escena obstaculizando la diligencia debido a que se perdió la inmediatez de las pruebas.

Los imputados violentaron el deber de colaborar con el Ministerio Público y desobedecieron las órdenes emanadas por la autoridad para entrevistar y verificar las condiciones en que se encontraban las cuatro privadas de libertad, por lo cual se aperturó denuncia en la FEDH y se presentó la acusación ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán.