Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Ministerio Público acuerdan frente común para la investigación de violaciones a derechos humanos

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Isabel Albaladejo Escribano, Representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Oscar Fernando Chinchilla Banegas, Fiscal General de la República, firmaron hoy una Carta de Entendimiento con el objeto de establecer un marco de cooperación técnica orientado entre otras líneas a fortalecer las capacidades de investigación penal de los casos de violaciones a derechos humanos en el país.

El referido documento que es evidencia del compromiso entre las partes, establece que se aplicará un plan de trabajo cuya ruta de acción conduce al intercambio de experiencias, estudio de casos, la elaboración e implementación de protocolos, manuales y documentos, procesos de fortalecimiento de los recursos humanos y técnicos para la investigación criminal y fundamentalmente la promoción del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.

Además, se integrarán grupos técnicos que coordinarán el desarrollo de los procesos de asistencia e intercambio integrados por funcionarios designados por las partes según las especialidades y competencias.

Las iniciativas plasmadas en la Carta de Entendimiento responden a las excelentes relaciones entre las partes, el reconocimiento de la Oficina del Alto Comisionado en Honduras a la labor del Ministerio Público y el respeto de esta institución y sus máximas autoridades por cada uno de los mandatos provenientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas contenidos en las diferentes resoluciones y su seguimiento a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mandatos señalados además en la Constitución de la República y demás leyes especiales, incluida la del Ministerio Público.

En este orden de ideas, la visión del Fiscal General es continuar en el esquema de acción previsto en el recientemente aprobado Plan Estratégico Institucional, el cual, fundamentalmente prioriza la atención a los grupos más vulnerables de la población y por supuesto el combate a la delincuencia común y organizada así como a la corrupción en el entendido que, las acciones delictivas llevadas en estos contextos definitivamente lesionan la dignidad del ser humano en diferentes circunstancias y o escenarios que incluyen los abusos cometidos desde la institucionalidad.