San Pedro Sula, Cortés. – La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) de la Regional del Norte, presentó requerimiento fiscal contra cinco ciudadanos identificados como Manuel David García Casco, Francisco Javier Munguía Bustillo, Erick Damir Pérez, Gabriel Enrique Morán Gonzales y Raúl Azael Espinal.

A los encausados se les supone responsables del delito de contrabando en perjuicio de la hacienda pública, tras detectarse una operación ilícita que pretendía introducir mercancía al territorio nacional mediante la manipulación de información técnica y aduanera.

Las investigaciones detallan que el personal de la FE-CDT, en conjunto con autoridades de Aduanas, realizó un inventario de la carga transportada en el contenedor con registro SMLU8311691. Durante la inspección, se confirmó el hallazgo de una gran cantidad de productos que no habían sido declarados legalmente, entre los que destacan perfumes, prendas de vestir de la marca Shein, teléfonos celulares con sus respectivos accesorios, repuestos para vehículos, relojes, calzado, cosméticos, cremas, desodorantes y suplementos alimenticios. Asimismo, se detectó el intento de ingreso ilegal de herramientas, consolas de videojuegos, instrumentos musicales y bisutería diversa.

El análisis financiero de la Fiscalía reveló la existencia de 32 facturas comerciales declaradas en el sistema de Aduanas que sumaban apenas 18 mil 495 dólares, una cifra significativamente inferior al valor real de la carga incautada.

Esta maniobra de introducción ilegal representaba un perjuicio económico directo al Estado de Honduras por un monto de 9 millones 985 mil 029 lempiras con 33 centavos. No obstante, al sumar las multas correspondientes y los intereses moratorios generados por la evasión, el monto total que los responsables debían pagar en concepto de impuestos asciende a 16 millones 075 mil 897 lempiras con 22 centavos.

La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios continuará impulsando las diligencias necesarias para asegurar que los responsables de estas defraudaciones enfrenten las sanciones penales y administrativas que establece la ley vigente, garantizando así la transparencia en el sistema aduanero nacional.