MP pide nuevamente mayor celeridad en captura a prófugos en el caso del IHSS

Tegucigalpa. Francisco Morazán. De nueva cuenta, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) solicitó en las últimas horas a todos las fuerzas policiales y militares responsables de la ejecución de órdenes de captura, mayor celeridad y diligencia en la búsqueda, localización y aprehensión de las 10 personas prófugas de la justicia en el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Mediante una comunicación oficial dirigida los directores de la Policía Internacional (INTERPOL), Dirección Policial de Investigación (DPI), Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), Policía Militar del Orden Publico (PMOP) y a la Dirección General de la Policía Nacional, el Ministerio Público (MP), pidió respetuosamente la colaboración debida a estas entidades para hacer efectivas las ordenes de captura emitidas por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal en cada una de las causas.

En ese sentido, la UNAF urgió la captura de José Alberto Zelaya Guevara, Gabriela María Laínez Reina, Mario Roberto Zelaya Palencia, Edita Lizeth López Matamoros, Alex Naun Sarmiento Zelaya, Carlos Gustavo Corrales Regalado, Vanessa Maribel Cardona Gómez, Mariano Argueta Reyes, Marco Antonio Jaen Velasco e Ilsa Damaris Aguirre Flores.

Cabe mencionar, que 9 de los 10 prófugos de la justicia están procesados por el MP por el delito de Lavado de Activos, siendo únicamente Ilsa Damaris Aguirre Flores acusada por Testaferrato.

La ordenes de capturas vigentes más antiguas penden contra el subgerente del departamento de Suministros, Materiales y Compras del IHSS, José Alberto Zelaya, la propietaria de empresas inmobiliarias, Gabriela María Laínez Reina y el padre del ex director del IHSS, Mario Roberto Zelaya Palencia, que datan del 01 de octubre de 2014, mientras que las más recientes se giraron contra la madre de la administradora de INSUMEDIC (Ilsa Vanessa Molina Aguirre), Ilsa Damaris Aguirre Flores.

Esta petición de la UNAF se fundamenta en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público que establece que todas las autoridades civiles y militares de la República están obligadas a prestar la colaboración y auxilio que la Fiscalía requiera para el mejor desempeño de sus funcionarios.

La última comunicación de este tipo, el Ministerio Público la hizo la semana anterior, específicamente el 12 de septiembre pasado, al igual que se hizo el 12 de septiembre de 2015.