Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en audiencia de procedimiento abreviado logró sentencia condenatoria contra la exfuncionaria del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Albertina Eduviges Gómez Canales, por el desvío de fondos destinados a familiares de privados de libertad que perdieron la vida en incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en el año 2004. Gómez Canales fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, más inhabilitación especial por seis años y 11 meses, por el delito de falsificación de documento público en perjuicio de la fe pública.

De acuerdo a lo investigado, luego del trágico siniestro, familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que se conoció como el “Caso Pacheco Teruel y otros”. Mediante sentencia emitida en el año 2012, la Corte determinó que el Estado de Honduras debía indemnizar a cada una de las 107 familias con la cantidad de 317,289 lempiras con 72 centavos, pagos que comenzaron a efectuarse en 2017 luego de que el INP creara una comisión especial para cumplir con la resolución internacional.

Las investigaciones determinaron que 49 cheques, correspondientes al mismo número de familias, fueron cobrados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una persona, quien actuó con poderes falsificados que nunca fueron otorgados por los beneficiarios legítimos. También se detectaron irregularidades en la documentación, como firmas y huellas dactilares falsificadas, así como la falta de autorización de numerosos expedientes por parte de la comisión del INP.

Las pruebas demostraron que Albertina Eduviges Gómez Canales firmó siete actas de comparecencia simulando la presencia de igual número de beneficiarios del Caso Pacheco Teruel y otros, lo que permitió el cobro de los cheques correspondientes y causó un perjuicio al Estado por más de siete millones de lempiras.

Cabe señalar que por este mismo caso ya fue condenada Karla Patricia Pavón Bustillo a diez años de prisión, multa de 375 días e inhabilitación especial por nueve años, por 33 delitos de falsificación de documentos públicos, así como por 33 delitos de estafa agravada y uso de documentos falsos en concurso ideal en perjuicio de la administración y la fe pública.