Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), logró fallo condenatorio contra exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y empresarios vinculados a un megafraude superior a 158 millones de lempiras, relacionado con la adjudicación irregular de proyectos de infraestructura en el Hospital Regional del Norte y en las clínicas periféricas de Cálpules en SPS y Torocagua en Comayagüela.

El caso denominado “14 Contratos”, reveló que entre los años 2010 y 2013 se suscribieron contratos de obras civiles, eléctricas y mecánicas que no fueron ejecutadas, quedaron inconclusas o se realizaron con deficiencias, pese a los millonarios desembolsos efectuados con fondos del IHSS.

Entre los condenados figuran los exfuncionarios del IHSS, Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, declarados culpables por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado. Asimismo, fueron declarados culpables los empresarios Oscar Guerra Ocampo, Alex Idilio Reyes Serrano y Rubén Antonio Lozano Girón por el delito de fraude continuado.

Durante el juicio oral y público, la UNAF acreditó la responsabilidad de los imputados mediante la presentación de 85 medios de prueba, entre ellos 10 declaraciones testificales, 57 documentales, ocho periciales y 10 evidencias materiales, incluyendo dictámenes técnicos en ingeniería civil, eléctrica y mecánica, así como informes financieros que permitieron rastrear el destino de los fondos públicos.

De acuerdo con las investigaciones de la UNAF y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se evidenció la suscripción irregular de 14 contratos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas, mediante los cuales se sustrajeron 158 millones 817 mil 897 lempiras.

El Ministerio Público reitera su compromiso con el pueblo hondureño de continuar combatiendo la corrupción y la impunidad, promoviendo investigaciones rigurosas y acciones firmes para proteger los recursos del Estado y garantizar que quienes atenten contra el patrimonio público enfrenten la justicia.