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MP logra auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra tres exempleados del CN por la destrucción de documentos oficiales claves, con el fin de ocultar irregularidades cometidas en ese poder del Estado

Publicado el 24 enero, 2025 | | Compartir

Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), logra auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva tres exempleados del Congreso Nacional (CN) por la sustracción y destrucción de documentos oficiales claves, con la finalidad de encubrir supuestas irregularidades cometidas ese poder del Estado durante el período 2018-2022.

Los acusados son Carlos Roberto Avilez Moncada, exdirector financiero, Cinthya Marcela Oyuela Brizzio, exgerente administrativa y José Rolando Perdomo Cruz, expagador especial del departamento de Pagaduría, a quienes se les acusa de los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia y daños a datos y sistemas informáticos.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los imputados entre noviembre de 2021 y enero de 2022 sustrajeron documentos de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa, trasladándolos a viviendas particulares bajo el argumento de protegerla de la administración entrante (2022-2026), sin embargo, el fin era destruirla, ya que esta documentación contenía soportes contables, financieros y pagos. Está información que contenía evidencias de supuestas irregularidades cometidas fue destruida, incluso una parte fue quemada en una propiedad vinculada al exdirector financiero donde también se encontraron sellos y documentos pertenecientes a Casa Presidencial.

Como resultado de un análisis forense, se concluye que varios discos duros fueron manipulados, formateados y sustituidos por los acusados, además ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos, como USB; también instalaron nuevos sistemas operativos con el fin de eliminar información financiera, como parte de un plan deliberado para obstaculizar futuras investigaciones en ese poder del Estado.

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