Esperanza. Intibucá. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) concluyeron recientemente con el aseguramiento de bienes del caso denominado Operación Gruta.

Las acciones tienen lugar en La Esperanza, Intibucá, donde se traspasaron a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) un total de 99 bienes inmuebles, 92 vehículos, tres negocios y 18 productos financieros, sobre los cuales inscribieron medidas cautelares de aseguramiento ante el Instituto de la Propiedad (IP) y el Registro Mercantil.

Desde la semana pasada, la DLCN y la FESCCO incautaron una serie de propiedades, lo último terrenos de aproximadamente mil varas cuadradas localizados en aldea Marasilla, todo ello cumpliendo una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.

Por esta causa, el Ministerio Público ejecutó captura y logró auto de formal prisión en contra de Marwin Chacón Arriaga a quien se le supone responsable de la comisión del delito de lavado de activos.

El caso inició el 7 de mayo del año 2017 cuando se recibió denuncia en la cual se estableció la existencia de un grupo de personas dedicadas al tráfico de drogas, señalando al señor Chacón Arriaga como la persona encargada de administrar el dinero de la organización. Una segunda denuncia fue recibida en fecha 12 de marzo de 2018 donde se establecía la vinculación del señor Chacón Arriaga en actividades de supuesto tráfico de drogas mediante la cual obtuvo algunos bienes.

Las diligencias investigativas establecieron que en efecto el señor Marwin Chacón es titular de diversos bienes muebles e inmuebles, realizando inversiones en negocios ubicados en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, los cuales fueron identificados con el fin de proceder a su aseguramiento. El análisis financiero realizado sobre la información patrimonial y financiera recopilada ha permitido constatar, entre otras cosas, que el investigado adquirió préstamos en el sistema financiero por un monto superior a los 18 millones de lempiras, encontrándose que un total de L.8,363,649.35 del pago de dichos créditos no tiene justificación lícita de su origen.

De igual manera, los bienes inmuebles de los cuales es propietario suman en su valor catastral un monto de L.24,587,747.75, evidenciándose en los instrumentos públicos de adquisición actos de ocultamiento con el fin de impedir la identificación de los mismos.