Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía de Choluteca y Nacaome obtuvo recientemente 14 sentencias condenatorias contra individuos responsables de diversos ilícitos. Entre los fallos logrados, destacan cuatro condenas por el delito de tráfico ilícito de drogas, dos por maltrato familiar y tres por la portación ilegal de arma de fuego de uso comercial, sumándose otros delitos que afectan la seguridad y el orden público en la región sur del país.

De igual forma, el Ministerio Público logró que se dictaran 15 autos de formal procesamiento en distintas causas penales. De estas resoluciones, ocho corresponden a la supuesta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas y dos por portación ilegal de arma de fuego de uso comercial. El resto de los procesos judiciales incluyen delitos de maltrato familiar, otras agresiones sexuales, allanamiento, lesiones y robo con fuerza.

Producto de las investigaciones y la recolección de elementos probatorios necesarios, los agentes de tribunales presentaron un total de 22 requerimientos fiscales; 16 de ellos por la supuesta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, mientras que el resto de las acusaciones comprenden delitos de maltrato familiar, violación y lesiones imprudentes, entre otros.

Asimismo, tras la cobertura de las audiencias de declaración de imputado, los órganos jurisdiccionales dictaron 13 detenciones judiciales, de las que cuatro se vinculan con delitos de estupefacientes y seis por la supuesta comisión de maltrato familiar, maltrato familiar agravado y robo con fuerza. En cuanto a la etapa de juicio oral y público, se anunció la apertura de causas contra Wilmer Hernández y David Aplicano Alvarenga por la supuesta comisión del delito de maltrato familiar, mientras que Darwin Ávila se encuentra bajo proceso por el delito de apropiación indebida.

La actividad procesal en la zona sur incluye procesos pendientes de lectura de sentencia, como el caso de Israel Reyes Corrales por creerle haber cometido el delito de amenazas. Por otra parte, se autorizó la celebración de siete procedimientos abreviados, una vía que permitió agilizar la resolución de cinco casos vinculados con drogas, dos por maltrato familiar agravado y uno que involucra los delitos de incendio calificado y tráfico ilícito de drogas, reafirmando el compromiso fiscal de combatir la impunidad en todas sus formas.