San Pedro Sula, Cortés. – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la Regional del Norte de San Pedro Sula, logra sentencia condenatoria contra siete integrantes de estructuras de maras y pandillas, encontradas culpables del delito de extorsión. Los condenados afectaron al rubro del transporte y a pequeños y medianos propietarios de negocios en el Valle de Sula.

Las sentencias se dictaron a través de procedimientos de audiencia de estricta conformidad y procedimiento abreviado, asegurando que los responsables enfrenten la justicia. En audiencia de estricta conformidad, tres individuos, Wilmer Adonay Zelaya Escobar, Melvin Adolfo Morán Torres y Erick Adolfo Paz Pineda, recibieron una pena de 10 años de reclusión y el pago de una multa de 10 mil lempiras por el delito de extorsión.

Otras dos personas, Kimberly Dianne Quintanilla Sánchez y Moisés Bonilla Bárnica, también fueron condenadas en estricta conformidad, sumando una pena total de 16 años de reclusión. Dicha condena se desglosa en 10 años por extorsión, 2 años por tráfico ilícito de droga y 4 años por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Por la vía del procedimiento abreviado, la FESCCO también logró la sentencia condenatoria por extorsión contra Jesús Cantoral Cortés y Juan Ramón Hernández Gonzales.

La FESCCO también dio a conocer la condena de tres miembros de la Pandilla 18, capturados el 20 de marzo de 2024 en La Lima, Cortés, durante una operación ejecutada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Any Paola Peralta Funez y Eynar Josué Álvarez García fueron condenados a un total de 10 años de cárcel, repartidos en 6 años por asociación para delinquir y 4 años por tráfico ilícito de droga, debiendo pagar una multa de dos mil lempiras cada uno. Por su parte, Michael Josué Izaguirre recibió la pena más alta con un total de 16 años de prisión: 6 años por asociación para delinquir, 6 años por porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y 4 años por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

Estas sentencias reafirman el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra el crimen organizado y la extorsión en el Valle de Sula.