Tegucigalpa– El Fiscal General de la República, abogado Oscar Fernando Chinchilla junto al Embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, inauguraron las nuevas oficinas de la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC), ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, espacios acondicionados con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Honduras (AECID).

Con esta cooperación Honduras y España confirman una vez más el compromiso y el apoyo que existe para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en nuestro país y concretamente las acciones que realiza el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural.

La adecuación y equipamiento de la FEP-ETNIAS/PC, se realizó a través del proyecto “Fortalecimiento al acceso de justicia para las comunidades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Honduras”, cuyo objetivo principal es promover el respeto, el reconocimiento, representación y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Honduras y de forma específica, facilitar el acceso a una justicia diferenciada basada en el reconocimiento de los acuerdos internacionales y normas nacionales de las personas indígenas y afrodescendientes.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio Público, con un presupuesto de ciento sesenta mil Euros (160.000 Euros) financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que contemplan varias actividades de fortalecimiento; entre ellas la inauguración de los nuevos espacios físicos y el lanzamiento de una campaña de comunicación orientada a que los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes conozcan sus derechos y los servicios que ofrece el Ministerio Público.

Con las nuevas oficinas y la campaña de comunicación, la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural vendrá a mejorar la atención de manera digna, de las personas que les han vulnerado sus derechos y con ello contribuir a mejorar el acceso al sistema de justicia de los pueblos Indígenas y Afrodescendientes de nuestro país.