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Ministerio Público coordina 28 allanamientos simultáneos en la zona central

Publicado el 21 noviembre, 2017 | | Compartir

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Ministerio Público coordina 28 allanamientos simultáneos en la zona central

IMG 20171121 WA0016Comayagua. Comayagua. Como parte de las acciones de la operación “Tormenta de Fuego XI”, la Fiscalía Regional de Comayagua en coordinación con la Policía Nacional, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Fuerza Nacional Antiextorsión y efectivos militares realizan 28 allanamientos simultáneos en busca de armas, drogas y ejecutar órdenes de captura por diferentes delitos en los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá.

En esta fase de la operación, en el departamento de Comayagua se realizan 12 allanamientos en las aldeas El Matazano, El Paraíso y Valle de Ángeles, y en los municipios de La Libertad, Esquías y Siguatepeque, con el fin de dar detención a personas dedicadas al narcomenudeo y ejecutar capturas por delitos como Homicidio, Asesinato y Robo Agravado.

En el departamento de Intibucá se ejecutan cinco allanamientos en diferentes sectores y se pretende dar cumplimiento a órdenes de aprehensión por delitos contra la vida, además se realiza operativo de protección forestal en la calle que conduce hacia Marcala.

También en el departamento de La Paz se realizan acciones en contra de la criminalidad, ejecutando 11 allanamientos simultáneos en busca de armas, droga y personas con orden de captura en los municipios de San Antonio del Norte, Santiago de Puringla, San Juan, Marcala, Yarula, Opatoro, Cabañas, San José y en la cabecera departamental.

Adicional a los allanamientos y operativos de protección forestal en los tres departamentos, se presentarán 42 Requerimientos Fiscales en contra de supuestos responsables de diferentes delitos, solicitando la orden de captura para que se deduzca responsabilidad.

Con este trabajo operativo, el Ministerio Público reitera el compromiso de seguir liderando la política contra la criminalidad y trabajar coordinadamente con los entes de seguridad del Estado para contrarrestar la criminalidad común y organizada que afecta a la población.

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