Tegucigalpa, Francisco Morazán. – El Ministerio Público capacitó a 40 procuradores y jueces sobre la investigación de los delitos tributarios, con el fin de que se apliquen resoluciones judiciales apegadas a derecho y evitar el menoscabo del erario público.

Con este taller, la Procuraduría General de la República busca ejercer mejor su función en la reivindicación patrimonial de Honduras cuando se vea perjudicada por actos ilegítimos, que detengan las obras sociales y obstaculicen el desarrollo del país.

Por su parte, los jueces aplicarán las sanciones establecidas en el Código Penal sobre los cuatro delitos tributarios: la defraudación fiscal, el apoderamiento indebido de mercancía que se encuentre en un recinto fiscal sujeto a fiscalización, la instigación pública y la demora o no pago de los tributos.

Durante el curso participaron como expositores, funcionarios de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Aduanas Honduras, del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FE-PROSI) y la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT).