
Tegucigalpa, Francisco Morazán. – En el marco de la operación nacional, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), realizó un operativo móvil en la comunidad de Tatumbla, con el fin de verificar si la madera que personas transportan en camiones cuenta con la documentación de respaldo para realizar tal actividad.
Los agentes de tribunales además sostuvieron una reunión con el alcalde de Tatumbla Marco Tulio Martínez, así como con personal de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) con el objetivo de mejorar las rutas de comunicación para la agilización de información que es requerida por el MP en los procesos de investigación por denuncias interpuestas. Además, personal técnico de la FEMA se trasladó al sitio denominado “Potrerillos”, en Morocelí, El Paraíso, con el fin de constatar una denuncia de la supuesta comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales y de contaminación de aguas.
Desde la zona norte del país, fiscales informan que personal de la FEMA efectuó varias inspecciones en las localidades de La Barca y Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, el objetivo era verificar la supuesta afectación del ambiente tras denuncias recibidas vinculadas con el corte de varios árboles de distintas especies latifoliadas como: caulote, jobo, laurel, chamizo, almendro, indio desnudo, Higo, ceiba, guachipilín, entre otros. De acuerdo con el reporte técnico resultado de la inspección se observó remoción de suelo, árboles cortados con maquinaria, restos vegetales (ramas, raíces) un considerable porcentaje de cobertura arbórea fue removida, hay corte y nivelación y relleno de la zona con material no metálico.
En el oriente del país, la Unidad Técnico Ambiental de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de la Fiscalía Regional de Oriente, realizó una inspección en la aldea “El Jobo”, San Matías, la acción es sustentada con motivo de la denuncia presentada ante sede fiscal sobre el corte de árbol de la especie guanacaste, por tendido eléctrico para energía. Según la denuncia, no se tramitó ningún permiso para este propósito.
En otro contexto, los agentes de tribunales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula en el marco de la operación nacional institucional realizaron inspecciones en el Centro Penal de Ilama, departamento de Santa Bárbara, con el propósito de verificar las condiciones de los privados de libertad.
En materia de representación y defensa de los derechos de la mujer, fiscales en Danlí presentaron nueve requerimientos fiscales por la supuesta comisión del delito de maltrato familiar.








