Tegucigalpa, Francisco Morazán. – El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), obtuvo dos autos de formal procesamiento en contra del ciudadano Roberto Enrique Pastrana García, a quien se le supone responsable de los delitos de trato degradante y trato degradante agravado, en perjuicio de dos personas.

Como parte de la resolución judicial, el órgano jurisdiccional impuso al encausado la aplicación de medidas distintas a la prisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 numerales 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal.

Las investigaciones detallan que la conducta atribuida a Pastrana García consistió en la colocación de notas manuscritas con contenido intimidatorio en el domicilio de una de las víctimas, empleando expresiones ofensivas, amenazas y referencias a situaciones delictivas.

Estos actos, aunque no implican una agresión física directa, han sido calificados técnicamente como trato degradante debido a su capacidad para provocar humillación, angustia y una profunda afectación a la integridad emocional y la dignidad de las personas ofendidas, configurándose así el delito de trato degradante, con la correspondiente agravación por las circunstancias particulares del caso.

En atención a la naturaleza de los hechos y considerando que uno de los ofendidos ostenta la condición de operador de justicia, la FEPRODDHH desarrolló diversas diligencias técnico-científicas orientadas a la verificación objetiva de los hechos y a la identificación del responsable, actuando en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad que rigen la función del Ministerio Público.

Resulta especialmente relevante que los hechos se ejecutaron en el domicilio de una persona adulta mayor, un espacio que goza de especial tutela jurídica por constituir el ámbito de seguridad, privacidad y desarrollo de la vida cotidiana, lo que refuerza el deber del Estado de garantizar protección frente a actos que lesionen la dignidad e integridad emocional de este grupo vulnerable.

El Ministerio Público, a través de la FEPRODDHH, reafirma que su actuación se fundamenta exclusivamente en criterios técnicos y jurídicos, y no en la condición, investidura o posición social de las personas involucradas, en defensa de la dignidad humana y el Estado de Derecho.