San Pedro Sula, Cortés. Agentes de tribunales del Ministerio Público (MP) asignados a la Fiscalía Especial de Protección al Medio Ambiente realizan diferentes diligencias investigativas encaminadas a dar respuestas a denuncias por delitos ambientales en la zona norte del país.

Las investigaciones se han centrado en realizar inspecciones, una de ellas en zonas de reserva situadas en El Merendón, específicamente en la aldea Tómala en donde se investiga un posible delito de urbanización, además en la zona de Cofradía y en la aldea Armenta también se recopilan evidencias e indicios de posibles delitos de urbanizaciones ilegales mientras que en la residencial “Paseo La Fuente” se investiga una denuncia por posible contaminación, todo en San Pedro Sula.

Los equipos de fiscales que se hacen acompañar de los peritos forenses conocedores de la temática de medio ambiente se desplazaron hasta Omoa, Cortés donde procedieron a realizar dos inspecciones para verificar una denuncia por posibles delitos de daños ambientales.

Mientras que, en La Lima, Cortés se investiga una denuncia por corte ilegal de árboles en el parque “Los Pinos” en la que podría estar vinculado personal de la municipalidad quienes son investigados por un presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios.

Así mismo, para mantener un estricto control y vigilancia en El Merendón, se desarrolló una reunión de trabajo con representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Ambiental, personal de la División Municipal del Ambiente (DIMA) y de la municipalidad de San Pedro Sula a fin de asignar puntos para la instalación de destacamentos militares,

Además, el personal del MP brindó una charla informativa dirigida a pobladores de las aldeas El Gallito, La Unión y Tomala sobre protección del medio ambiente, prevención de delitos ambientales, la importancia de fomentar la cultura de la denuncia y los procesos de investigación que se deben seguir en casos relacionados a daños ambientales.

Entre tanto, en audiencia de procedimiento abreviado se condenó a Sergio Ventura Murcia por el delito de explotación de recursos naturales, mientras que en audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento a Ewin Eliseo Prado por sospechas de transporte ilegal de productos forestales.

Mientras que, a Richard James Morgan Joinse se le dictó auto de formal procesamiento sospechoso de explotación de recursos naturales agravados, de igual forma se le dictó auto de formal procesamiento a Ramón Humberto Pineda por los presuntos delitos de usurpación y daños y se ordenó la destrucción de un muelle que fue construido en el Lago de Yojoa.