Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), ha logrado que el juzgado competente dicte el auto de formal procesamiento en contra de Hernán Hernández y Héctor Hernández, a quienes se les supone responsables de la comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales en la modalidad de extracción minera no metálica.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 11 de septiembre de 2024 las autoridades, atendiendo a una denuncia, detectaron actividades de extracción de material minero no metálico en una propiedad ubicada en el caserío Cruz Blanca, específicamente en el desvío de Ocote Hueco, perteneciente al municipio de Lepaterique, Francisco Morazán.

Al abordar a las personas que se encontraban operando en el sitio, los investigadores constataron que las labores se realizaban de forma irregular, ya que no contaban con las licencias ni los permisos ambientales extendidos por la autoridad respectiva para ejecutar dicha actividad económica.

Posteriormente, los técnicos de la FEMA realizaron una inspección de campo para evaluar el impacto en la zona. El dictamen pericial determinó que la remoción de la capa terrestre provocó un severo fraccionamiento al ecosistema del lugar, conllevando la pérdida de la cobertura vegetal, una situación que altera de manera directa el desarrollo y el crecimiento óptimo tanto de las especies del sotobosque como de la flora nativa del lugar.

El informe técnico también detalla que el uso de maquinaria pesada sobre el terreno causó una compactación del suelo de gran magnitud. Esta alteración física dificulta el proceso natural de infiltración del agua de lluvia hacia el subsuelo y disminuye notablemente la capacidad de absorción de la tierra, lo que produce un incremento drástico en la erosión hídrica y eólica de la zona, dejando como consecuencia directa una escasa posibilidad de revegetación natural en el predio afectado.

Ante estos escenarios de degradación ambiental, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente hace un llamado a la ciudadanía para que continúe interponiendo denuncias de manera oportuna ante cualquier sospecha de actividades ilícitas que atenten contra los recursos naturales, puesto que estos daños en los ecosistemas repercuten de forma negativa e inmediata en el entorno de las comunidades.