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Fiscalía de Talanga obtiene cinco sentencias condenatorias y nueve autos de formal procesamiento y prisión preventiva

Publicado el 9 diciembre, 2021 | | Compartir

Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Tras juicio oral y público, la Fiscalía de Talanga obtiene cinco sentencias condenatorias, así como nueve autos de formal procesamiento y prisión preventiva por causas contra ciudadanos de diversos sectores.

En ese sentido, se sentenció a tres años de localización permanente a Luis Garay Midence y a Carlos Ramírez Raudales, a quienes se les comprobó la comisión del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, ambos detenidos en acciones realizadas por la Policía Nacional.

Por otro lado, se obtuvo sentencia condenatoria contra Roberto Carlos Ambrocio a cumplir una pena de un año, con seis meses por la comisión del delito de robo con fuerza y a Juan Ramírez Varela, se le sentenció a un año tres meses de reclusión por probársele su participación en el delito de maltrato familiar.

También, se sentenció a Víctor Ruz Ávila a cumplir tres años de reclusión por la comisión del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, hecho que se dio en uno de los barrios populares de la ciudad y en donde las autoridades policiales le dieron detención.

De igual forma, se dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para Juan Arteaga Banegas, José Hernández Amador y Dennis Rodríguez Cartagena, por suponerles responsables de la comisión del delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

A Ramón Zelaya Lanza y a Juan Licona Torre, se les procesó por suponerles responsables de la comisión de portación ilegal de arma de fuego comercial, igual suerte corrió Wilfredo Velásquez Velásquez, a quien le dictaron prisión preventiva por la muerte del alcalde de Cantarranas.

Asimismo, a Kevin Tercero Maradiaga se le procesó por la supuesta comisión del delito de daños a infraestructura, portación ilegal de arma de fuego comercial y de atentado agravado y a Dennis Espinal García, se le dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva por la supuesta comisión del delito de explotación ilícita de recursos naturales.

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