Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía de Talanga ha logrado dos sentencias condenatorias tras acreditar la responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso comercial. En este sentido, se dictó una pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes, contra José Vásquez Alvarado y Nelson Escobar Ávila por hechos ocurridos en el casco urbano de dicha localidad.

Además, el Ministerio Público presentó un total de 25 requerimientos fiscales, destacando que 18 de estos casos se vinculan directamente con la supuesta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Tras la comparecencia en 12 audiencias iniciales, se obtuvieron cinco autos de formal procesamiento por tráfico ilícito de drogas, dos por maltrato familiar, dos por portación ilegal de arma de fuego de uso comercial, uno por falsificación de moneda nacional y uno más por robo con violencia agravado.

Respecto a delitos contra la vida, se dictó la medida de detención judicial contra dos ciudadanos por suponerlos responsables de homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Bajo esta misma medida se encuentra Santos Ávila Matute, a quien se le imputa el delito de asesinato; mientras que, Jorge Díaz le imponen la detención judicial por suponerle haber cometido asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada.

Asimismo, se dictó la detención judicial contra Cristian Vílchez Lanza por robo con fuerza y contra Milton Raudales por la supuesta comisión de trato degradante agravado. Por su parte, Oscar Ávila López permanece bajo la misma medida por suponerle portación ilegal de arma de fuego de uso comercial, además de tenencia ilegal de munición permitida y de uso prohibido.

La Fiscalía anunció la celebración de procedimientos abreviados en dos causas distintas, una por portación ilegal de arma de fuego de uso comercial y otra por tráfico ilícito de drogas. En otros expedientes recientes, se procedió legalmente contra tres ciudadanos por el delito de maltrato familiar y contra dos personas adicionales por la portación ilegal de arma de fuego de uso comercial.