Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), logró resoluciones importantes obtenidos ante la Corte de Apelaciones, la cual ha revocado resoluciones judiciales, dando la razón al Ministerio Público en graves causas por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

En la causa por violación continuada en perjuicio de una joven de 16 años, en audiencia de revisión de medidas, el juez revocó la medida de prisión preventiva impuesta al imputado Sergio David Escoto Canales, sustituyéndola por las medidas contenidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal. La Fiscalía interpuso el correspondiente recurso de apelación, y la Corte de Apelaciones revocó la resolución judicial, ordenando nuevamente la prisión preventiva del sospechoso.

En la acusación contra los imputados Felipe Santiago Irías Pérez, Tomás Irías Mejía y Juan José Irías Pérez, por la presunta comisión del delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una niña de 7 años de edad; la Fiscalía evacuó audiencia inicial el 26 de diciembre de 2024, donde se decretó sobreseimiento provisional. Tras la apelación presentada por la Fiscalía, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento y ordenó el auto de formal procesamiento.

Además, en audiencia inicial contra Jorge Alberto Discua Rodríguez por el delito de otras agresiones sexuales agravadas, luego de presentar recurso de apelación porque se le había dictado sobreseimiento provisional; la Corte dictó auto de formal procesamiento.

Asimismo, en el proceso seguido contra Jorge Alberto Discua Rodríguez por el delito de otras agresiones sexuales agravadas, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento provisional dictado en audiencia inicial y ordenó el auto de formal procesamiento, en atención al recurso interpuesto por la Fiscalía.

La Fiscalía de Protección a la Niñez reafirma su compromiso de proteger de manera firme y decidida a las víctimas menores de edad, utilizando los mecanismos legales para evitar la impunidad y garantizar que los agresores sexuales enfrenten la justicia.