Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Regional de Choluteca y Nacaome, obtienen 11 sentencias condenatorias y 22 autos de formal procesamiento, gran parte de ellos por delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes.

En ese sentido y gracias a la sustentación con pruebas fehacientes, se condenó a Santos Alvarado Pastrana, David Osorto Díaz, Juan Jiménez Ríos, Santos Pérez Ayala, Diego González Orellana, Santos Rivera Reyes y Bayron Casco Rodríguez con penas que van desde los tres años de reclusión.

Se condenó a Gilma Domínguez Martínez y a Carlos Calderón Cerrato por la comisión del delito de maltrato familiar. De Igual forma, un Juez dictó sentencia condenatoria de 9 años de reclusión para Dimas Castro Solano y a Elvis Ochoa González a tres años de reclusión por el delito de robo.

Asimismo, se procesó a Jairo Herrera Peralta, Miguel Ramírez Flores, Pedro Vallejo Vallecillos, Medardo Cruz Velásquez, Reniery Sánchez Carranza, Teodoro González Solórzano, Jairo Herrera Peralta, Yeberson Ortega Cruz, Oscar Chavarría Aguilar, Héctor Funez Herrera y Edras Cruz Aguirre, por suponerles responsables del delito de tráfico ilícito de drogas.

También, se dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva a Esly Aguilar Girón y a Luis Montoya Paz, por suponerles responsables de la comisión del delito de robo con violencia. Igualmente, se procesó a Carlos Velásquez Méndez por tráfico ilícito de personas.

Se procesó a Exequiel Guillen Guillen, por supuestamente cometer el delito de portación de munición prohibida, así como a José Sánchez Andino por suponerle responsable del delito de lesiones y a José Ramos Cerrato porque supuestamente cometió el delito de maltrato familiar.

De igual manera, se procesó a Santos Hernández Ortiz por suponerle responsable de haber cometido el delito de daños, así como a Walter García Orellana a quien se le sindica como supuesto responsable de cometer el delito de violación especial, y a Nelson Hernández Nuñez, se le procesó por suponerle responsable de cometer el delito de incumplimiento del deber de asistencia familiar.