Tegucigalpa, Francisco Morazán. – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT), en un esfuerzo continuo por combatir los delitos financieros contra el Estado, ha presentado un requerimiento fiscal contra el ciudadano Rommel Alexi Andrade Alvarado, representante legal de una empresa dedicada al transporte marítimo, señalado por la supuesta comisión del delito de defraudación fiscal, con un perjuicio económico que asciende a la suma exacta de L 18,052,249.47.

La acción de la Fiscalía tiene su origen en un informe técnico remitido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el cual detectó irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Según las investigaciones, el obligado tributario omitió declarar ingresos significativos en su declaración jurada del impuesto sobre venta correspondiente al período fiscal del año 2021.

Las autoridades identificaron que se emitieron facturas utilizando el mismo número correlativo y Código de Autorización de Impresión (CAI) para transacciones con diferentes valores, clientes y fechas de emisión, lo que constituye un esquema de doble facturación destinado a evadir el pago de tributos al erario público.

La auditoría forense practicada por los especialistas reveló que se constató la declaración de ventas como exentas del impuesto sobre ventas cuando, por su naturaleza, se trataba de ingresos gravados que debieron ser reportados debidamente. De igual manera, la empresa incluyó de forma irregular gastos y compras gravadas en el mercado interno sin contar con la documentación soporte necesaria para respaldar tales movimientos financieros.

Tras el análisis de estos elementos, la Fiscalía determinó que Rommel Alexi Andrade Alvarado, en su condición de representante legal del obligado tributario, procedió de manera dolosa a la adulteración de datos en las declaraciones juradas mediante el uso sistemático de la doble facturación con el mismo número CAI, para no cancelar el monto que indica la Ley.

La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos reitera su compromiso de actuar bajo el rigor de los dictámenes del Servicio de Administración de Rentas (SAR), fundamentando sus acusaciones en hechos fácticos para asegurar la transparencia y el orden hacendario en el país.