Fiscales de Derechos Humanos presentan once requerimientos fiscales contra oficiales de policías y militares por supuestos excesos en sus funciones públicas

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Fiscales adscritos a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos recientemente presentaron ante los tribunales competentes once requerimientos fiscales más que se suman a los ya presentados en fechas pasadas, que en total son 17 contra oficiales de policía y militares por suponerlos responsables de una serie de acciones reñidas con la Ley y que en su mayoría se consumaron durante la denominada “crisis pos electoral” del país, según lo informado a esta oficina de comunicaciones, por parte de la Fiscal Jefa de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Soraya Morales.

Los agentes de tribunales presentaron sus escritos ante la autoridad judicial, los mismos contienen la plena identificación de los supuestos responsables y el detalle de los hechos punibles que les son imputados, sólo en uno de los casos se solicita se libre la respectiva orden de captura mientras que en el resto, tras el análisis respectivo, los jueces deben citar en legal y debida forma a los acusados conforme lo solicitado por el Ministerio Público (MP).

En este sentido, los señalados son: El sub inspector de policía Rudy Ariel Brizuela Mejía y los policías preventivos Sandro Exequiel Zavala Hernández, Santos Rigoberto Mendoza Bonilla y Edwin Alberto Rodríguez Carrasco por suponerlos responsables de Allanamiento de Morada y Abuso de Autoridad.

También fue acusado el comisario de policía Lorenzo Lara Muñoz, el sub inspector de policía Yesther Yafeth Fernández Leiva, ambos asignados a la Unidad Departamental de Prevención No 15 en el departamento Olancho, a ellos se les supone responsables de los delitos de Abuso de Autoridad, Torturas y Lesiones Graves en perjuicio de la Administración Pública y testigos protegidos.

A la lista de procesados penalmente se suman el sub comisionado de policía Raúl Martínez Alvarado por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y dos periodistas, contra el sargento segundo de policía militar Juan Carlos Rodríguez Sosa por la supuesta comisión de los ilícitos penales de Abuso de Autoridad y Vejámenes.

Ante el tribunal competente también deberá comparecer el sub comisionado de policía Raúl Martínez Alvarado, por el delito de Abuso de Autoridad, por otra parte es enjuiciado Abelardo Mendoza Erazo por suponerlo responsable del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un periodista, en el mismo requerimiento aparece acusado el policía preventivo Yelson Gustavo Salinas Vallejo a éste último se le supone responsable de la comisión del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios.

Los fiscales de Derechos Humanos además en representación de los intereses generales de la sociedad ejercitaron la acción penal por sucesos que, aunque no se contextualizan en lo que se ha llamado “crisis pos electoral” se concluye, han vulnerado derechos humanos fundamentales de la población, por ello, también tendrán que hacer lo propio para desvanecer los cargos a ellos imputados las siguientes personas: Los policías militares José Guadalupe Pérez Gómez y Cristhian Johatan Cortes, Lucas Edgardo Alvarado Díaz y Oscar Danilo Gavarete Ruiz a quienes se les supone responsables de los delitos de Vejámenes y Abuso de Autoridad. En la ciudad de La Paz, se presentó acción penal en contra del policía preventivo Santos Ambrocio Avelar Guevara por los delitos de Vejámenes y Abuso de Autoridad.

En la capital de la República, se presentó requerimiento fiscal en contra del policía nacional Marcos Israel Estrada Pastrana, también por Abuso de Autoridad y Vejámenes, entre tanto que por Daños y Abuso de Autoridad fueron acusados penalmente Héctor Jesús Pineda Cortez y Víctor Manuel Cerrato ambos efectivos de la Policía Nacional .

También fueron acusados los elementos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte Juan Andrés Aguilar Álvarez, Fausto Funes Funes y Edgardo José Sevilla Ayestas, quienes enfrentarán un proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de Abuso de Autoridad y Vejámenes.