Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la
Corrupción Pública (FETCCOP) logró la condena de los exempleados del Instituto Nacional
Penitenciario (INP) Silvio Javier Morales Rodríguez y Carlos Rene Aguilar Sevilla, por su
participación en una red de corrupción vinculada con el manejo de fondos destinados a los
familiares de privados libertad que fallecieron en el incendio del Centro Penal de San Pedro
Sula en 2004.

Estas personas fueron condenadas a cuatro años de prisión y cuatro años de inhabilitación,
al ser declaradas responsables como autores del delito de falsificación de documentos
públicos.

Según las investigaciones, tras el siniestro los familiares de las víctimas presentaron una
demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que se conoció
como el caso “Pacheco Teruel y otros”. Mediante sentencia emitida en el año 2012 la CIDH
determinó que el Estado de Honduras debía indemnizar a cada una de las 107 familias con la
cantidad de 317,289.72 lempiras, pagos que comenzaron a efectuarse en 2017, luego que el
INP creara una comisión especial para cumplir con la resolución internacional.

Además, se comprobó que 49 cheques, correspondientes al mismo número de familias,
fueron cobrados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una persona, quien actuó con
poderes falsificados que nunca fueron otorgados por los beneficiarios legítimos. También se
detectaron irregularidades en la documentación, como firmas y huellas dactilares
falsificadas, así como la falta de autorización de expedientes por la comisión del INP.

Por este mismo caso ya fueron condenadas las exfuncionarias del INP, Karla Patricia Pavón
Bustillo y Albertina Eduviges Gómez Canales.