Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), obtuvo un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión contra cuatro ciudadanos en la capital; a tres de ellos se les supone responsables de la comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales.

En la misma resolución judicial, a una cuarta persona se le decretó el auto de formal procesamiento por la supuesta comisión de los delitos de explotación ilegal de recursos naturales agravado y urbanización ilegal.

El proceso penal se inició a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano, quien manifestó la existencia de una ocupación ilegal y la construcción de cimientos para una vivienda en una propiedad de su pertenencia, ubicada específicamente en Planes del Durazno, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.

El personal técnico de la FEMA realizó dos inspecciones de campo en las que confirmaron una grave afectación al ecosistema, producto de la ejecución de obras y la tala de árboles en esta área declarada protegida mediante el decreto legislativo 976 del 15 de agosto de 1980.

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron evidencias del uso de maquinaria pesada, además de decomisar motosierras y machetes utilizados en el lugar.

Asimismo, el dictamen técnico 241-24, determinó mediante rastreo satelital la existencia de actividades orientadas a la remoción de vegetación, corte de árboles, movimientos de suelo y la edificación de los cimientos habitacionales.

Además, los peritos constataron la presencia de taludes que alcanzan los 2.50 metros de altura y la alteración de suelos con pendientes de entre el 30% y el 40%, acciones que se realizaron de forma clandestina al no contar con la respectiva licencia ambiental ni con las autorizaciones de construcción o aprovechamiento forestal pertinentes.

La Fiscalía determinó que las consecuencias de estas actividades ilícitas han provocado la fragmentación de hábitats de diferentes especies, una notable disminución en la disponibilidad de agua y de la fauna silvestre, igualmente de generar efectos perjudiciales directos en el equilibrio de los ecosistemas del área protegida, concluyendo que los impactos ambientales en la zona son severos.