Danlí, El Paraíso. – En un esfuerzo conjunto por promover ambientes escolares seguros y proteger los derechos de la niñez y adolescencia, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), en coordinación con delegados de Derechos Humanos (DH) y la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), llevaron a cabo una importante jornada de capacitación en el Instituto Católico Bilingüe “Nuestra Señora Reina de la Paz” en la ciudad de Danlí, El Paraíso.

El principal objetivo de esta actividad fue sensibilizar a docentes, estudiantes y comunidad educativa sobre el bullying, un comportamiento que es agresivo, intencional y repetido, que causa daño físico o emocional a otra persona.

La capacitación profundizó en las diferentes formas de bullying: física, verbal, social y cibernética, resaltando la importancia de identificar y prevenir estas conductas para garantizar un entorno escolar seguro y saludable.

Las características del bullying son el deseo de causar daño o dominación, repetición de conductas agresivas y el deseo de mantener el poder sobre la víctima. Los menores que sufren bullying pueden experimentar problemas emocionales como ansiedad, depresión y baja autoestima. Además, enfrentan dificultades académicas y sociales, problemas de salud física derivados de agresiones, y en casos extremos, pueden verse involucrados en conflictos legales.

Cuando el bullying deriva en conductas ilícitas, como agresiones físicas graves, amenazas, hostigamiento o daños a la propiedad, los menores pueden ser sometidos a procesos penales. El proceso inicia con la detención y puesta a disposición, seguido de la investigación, recopilación de evidencias, audiencia de formulación de cargos y evaluación judicial. Según la gravedad del caso, se pueden aplicar medidas de protección, orientación, libertad asistida o medidas de reparación.

El acoso escolar puede tener consecuencias graves y duraderas en la vida de los menores, incluyendo su participación en procesos legales. Por ello, es responsabilidad de toda la comunidad educativa, padres, docentes y la sociedad en general, prevenir, detectar y actuar oportunamente para defender los derechos y el bienestar de niños y adolescentes.

Juntos, podemos construir un entorno más seguro, respetuoso y protector para nuestra niñez y juventud.