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Escuela de Formación «Orlan Chávez» instruye a 100 servidores del Ministerio Público sobre régimen disciplinario institucional

Publicado el 13 febrero, 2026 | | Compartir

Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Escuela de Formación del Ministerio Público “Orlan Chávez” realizó una jornada de actualización sobre procesos disciplinarios. En la capacitación participaron 100 funcionarios, entre los que destacan 50 fiscales de la capital, 20 detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), 20 agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y 10 colaboradores del área administrativa.

El desarrollo temático estuvo a cargo de expertos en la materia, iniciando con la intervención del abogado Neldin Funes, del Consejo de Personal. Durante su disertación, analizó la legislación vigente que rige el sistema disciplinario dentro del Ministerio Público, detallando las causas recurrentes que motivan los expedientes en esta unidad y la importancia de observar el marco legal en cada actuación institucional.

Por su parte, el abogado Carlos Sarmiento, en representación de la Supervisión Nacional, centró su exposición en la tipificación de faltas y las sanciones correspondientes al régimen disciplinario vigente. Brindó explicaciones sobre la comisión de faltas por la realización de actividades internas y externas.

Asimismo, la abogada Karla Roque, del Tribunal Disciplinario, expuso el proceso que siguen los expedientes, diferenciando entre el proceso disciplinario ordinario y los procedimientos especiales. Esta sección de la capacitación fue fundamental para asegurar que los asistentes comprendan tanto sus obligaciones como los derechos y garantías que los asisten dentro del Ministerio Público.

El taller busca no solo instruir sobre la normativa, sino fomentar una imagen institucional íntegra dentro y fuera de la institución y elevar la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía. Se hizo hincapié en que mantener una conducta ética en todas las etapas del proceso es esencial para garantizar la confianza pública y la eficiencia en la administración de justicia.

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