Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), continúa su labor de combate frontal a la extorsión y delitos conexos mediante la presentación de diversos requerimientos fiscales y el desarrollo de audiencias en distintas etapas procesales.

En este contexto, se celebró audiencia inicial contra Bianca Patricia Ruiz Herrera, acusada por la presunta comisión del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido. Como resultado de esta audiencia, el juzgado competente dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva y programó la audiencia preliminar para el próximo 6 de agosto de 2025 a las 10:00 de la mañana.

También en audiencia inicial en la causa instruida contra Yadir Antonio Bejarano Hernández, investigado por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. En dicha audiencia, se dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, y se fijó la audiencia preliminar para el 12 de agosto de 2025.

Asimismo, se presentó requerimiento fiscal contra Jeison Isaac Vásquez Cruz, a quien se le atribuye también el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido. De igual manera, se ejerció acción penal contra Andrea Nicole Hernández Gálvez, Harold Josué Sosa Cáceres y Marcos Isaac Durón García, por su presunta participación en hechos de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

Adicionalmente, Andrea Nicole Hernández Gálvez enfrenta cargos por porte ilegal de arma de fuego de uso comercial, mientras que Harold Josué Sosa Cáceres ha sido acusado por porte ilegal de municiones de uso prohibido y uso indebido de indumentaria militar, delitos que atentan contra el orden público y la fe pública. Estos hechos tuvieron lugar en la aldea El Lolo y se vinculan con supuestos miembros de la estructura criminal conocida como pandilla 18.

En otra causa, durante la etapa de contestación de cargos, la defensa de Roger Celin Gálvez Ordóñez (acusado por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido) y de Carlos Manuel Martínez Ávila (imputado por porte ilegal de municiones de uso prohibido), decidió no acogerse al procedimiento abreviado, al contar ambos con antecedentes penales por hechos similares. Como consecuencia, se emitió auto de apertura a juicio.