En San Pedro Sula siguen acciones en lucha a favor de clases vulnerables, combate a la corrupción y enjuiciamiento de estructuras por tráfico de personas
San Pedro Sula. Cortés. La Fiscalía Regional del Norte continúa en su lucha contra estructuras dedicadas al tráfico de personas, además de realizar operativos para contrarrestar la especulación el acaparamiento y prevenir los elevados precios a los productos de la canasta básica y también va frente la corrupción durante la pandemia.
Dentro de los procesos, figura la acusación contra Antonio Méndez Santos por el delito de tráfico ilegal de personas, luego de ser capturado en el momento que transportaba tres personas a las que pretendia trasladar ilegalmente hacia Estados Unidos a cambio de 10 mil dólares cada uno.
Además, Fiscales de Protección al Consumidor y Adulto Mayor, junto a personal de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y de la Dirección de Protección al Consumidor, han puesto en marcha nuevos operativos en diferentes negocios en San Pedro Sula y Choloma, adonde verifican que se cumpla el control de precios de productos de la canasta básica familiar y de los insumos de prevención del Covid-19.
Asimismo, se trabaja en el proceso de investigación por los hechos ocurridos en el asilo de ancianos Perpetuo Socorro, luego que se descubriera un abordaje irregular de los casos positivos de Coronavirus y donde ya se reporta la muerte de cuatro adultos mayores. Se indaga a las autoridades municipales de San Pedro Sula y el por qué se mantuvo en secreto tales acontecimientos que han puesto en riesgo la vida de unos 82 internos y la de todos los empleados.
De su lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) prosigue con la toma de declaraciones por supuestos actos irregulares denunciados en la municipalidad de El Progreso, Yoro, en la entrega de la bolsa solidaria a familias de escasos recursos, en el marco de la emergencia nacional.
Además, los Fiscales Anticorrupción junto a miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) abrieron denuncia contra el alcalde de Choloma, Cortés, Leopoldo Crivelli, por el supuesto delito de abuso de autoridad, interpuesta por los regidores, quienes sostienen que el jefe edilicio les ha retenido el salario, ya que en su momento se rehusaron aprobar en sesión de corporación un millonario préstamo.
Entre tanto, se siguen aplicando medidas y con procesos contra individuos denunciados por violencia doméstica e intrafamiliar y en el caso del ciudadano Bayron Fernando Gómez Rivera se le acusó del delito de violación.
Finalmente, se ha entablado acción penal contra Ivis Rolando Reyes Sarmiento, Denis Alexander Pérez González, José Norberto Gómez Martínez, Manry Jacobo Orellana Rodríguez, Saby Carolina Cerrato, Jonathan Javier Cárcamo, Edgardo Javier Salazar y Erick Alberto Pineda por el delito de extorsión; así como contra Cristian Eduardo Fugón Pineda, Yunaire Yajaira Turcios Sarmiento, Juan Carlos Fugón Mayorga y Cindy Paola Ramos por los delitos de posesión para el tráfico ilícito de droga, tenencia de armas de guerra (AK-47), lavado de activos y asociación ilícita.
