Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Con motivo del desarrollo de la operación nacional institucional, se sigue informando a la población acerca de los alcances de las actividades que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país, en Tela, departamento de Atlántida, fiscales socializaron con líderes de comunidades garífunas los procedimientos a seguir para la tramitación de denuncias, además las competencias y funciones del Ministerio Público y por supuesto se generó un amplio espacio de diálogo entre las partes para conocer sus necesidades e intereses puntuales en relación a la protección del entorno patrimonial y geográfico.

En el Litoral Atlántico, fiscales de protección a la mujer procedieron a la socialización entre la población y en los juzgados de paz de Jutiapa y El Porvenir de información inherente a la prevención de la violencia por razones de género, violencia sexual y delitos de violencia contra la mujer, las acciones también se llevaron a cabo en las oficinas de la Policía Nacional y SERSO Honduras.

De igual manera se llevó a cabo una importante reunión entre servidores públicos de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente de Roatán, departamento de Islas de la Bahía y de la Procuraduría General de la República con el objetivo de unificar criterios en pro del impulso de expedientes relacionados con la protección del medio ambiente, así mejorar las acciones conjuntas.

En Tela, fiscales capacitaron a personeros de la Policía Nacional de Investigaciones (DPI), de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) de la DNSCP, DPI Y DNVT) en cuanto al abordaje y atención de casos de delitos sexuales contra niños, niñas, menores infractores y trata de personas, se establecieron lineamientos para una efectiva coordinación entre instituciones.

Mientras tanto, en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Yuscarán, departamento de El Paraíso, fiscales de protección a la niñez realizaron un conversatorio con agentes de la Policía Nacional y jueces, la temática versó sobre los principios especiales que rigen las actuaciones de los operadores de justicia en casos donde se ven involucrados niños, niñas y adolescentes, derechos de los jóvenes en conflicto con la ley penal.