Tegucigalpa, Francisco Morazán. – En el marco de la Operación Nacional VII, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), presenta dos requerimientos fiscales contra Carlos Hernández por supuestamente cometer el delito de explotación ilegal de recursos naturales mineros; mientras que, a Sulma Moncada Ordóñez, se le presentó acusación por la creerle responsable de cometer el delito de explotación de recursos naturales agravado.

Dando seguimiento a una denuncia, la FEMA, decomisó 11336 pies tablares de madera de caoba y teca, en Bonito Oriental, Colón, también se tomó declaración de testigos y se procedió a decomisar dos unidades de equipo pesado ubicados en el sitio.

Por otro lado, se inspeccionó el sitio denominado Quebrada Honda, en Amarateca, Francisco Morazán, por el corte ilegal de 12 árboles; también, otro equipo técnico y de investigación se trasladó al sector de El Empedrado, valle de Amarateca, por la supuesta comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales.

En el Parque Nacional La Tigra, inspeccionaron la supuesta comisión del delito de urbanización ilega, y en el mismo sector, en el lugar denominado Guachipilin, se profundizó en la tala de unos árboles, también a la altura de la aldea de Soroguara se efectuó un operativo móvil para el control de flora y fauna.

De igual forma, se inspeccionó una planta de extracción minera no metálica, en la aldea Guanlolo, Distrito Central, con el fin de verificar si contaban con los respectivos permisos, para ejecutar los trabajos en ese sitio y se montó otro operativo móvil a la altura de salida hacia Choluteca y El Tizatillo, con el fin de revisar el posible tráfico de flora y fauna.

Personal de la FEMA, se trasladó a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, con el fin de capacitar a su personal en torno a los diversos delitos ambientales y de cuál es el papel de la comuna como aliado estratégico.

Siempre con la diligencia del caso, la Sección Técnica Ambiental, emitió diez dictámenes, los que servirán como soporte de futuras acusaciones, además se llevó a cabo la aplicación de un criterio de oportunidad, así como la firma de un acata de compromiso para la reparación de daños, todo esto ante la presencia de la Procuraduría General de la República (PGR).