Confirman reclusión contra exadministrador de la Policía Nacional condenado por enriquecimiento Ilícito

Tegucigalpa. Francisco Morazán. Luego que la parte defensora solicitara en una audiencia de revisión de medidas se modificara la Prisión Preventiva y se concedieran medidas sustitutivas al exadministrador de la extinta Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía Nacional, Marco Tulio Bulnes Ramírez, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) logró que la Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declarara “Sin Lugar” dicha petición y confirmara su reclusión.

Tal resolución, se da luego que el Ministerio Público, gracias al trabajo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), obtuviera una Sentencia Condenatoria por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del exfuncionario y solicitará 15 años de cárcel como peña concreta en octubre pasado.

Marco Tulio Bulnes Ramírez, quien se desempeñó durante seis años habría utilizado su cargo para aumentar su patrimonio ilícitamente.

El Fallo de Culpabilidad en esta causa se dictó el 12 de septiembre de 2018 y la misma se desprende de la Operación Medusa, mediante la cual la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó en septiembre de 2016 a una serie de funcionarios del sector justicia involucrados en actos de corrupción.

Según consta en el Requerimiento Fiscal interpuesto en contra de Bulnes Ramírez, sus declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos presentadas no concuerdan con su patrimonio e incremento de capital de L.3,909,639.21, aún cuando el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) le dio la posibilidad de desvanecer esta responsabilidad por indicios de enriquecimiento ilícito del periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2000 al 3 de marzo de 2006.

Como se recordará, Marco Tulio Bulnes Ramírez, fue capturado por Agentes del Departamento de Operaciones Especiales, Apoyo Estratégico y Comunicaciones de la ATIC, en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Tegucigalpa, donde se desempeñaba como Jefe de Presupuesto.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en sus artículos 62 y 63, el delito de enriquecimiento ilícito se castiga con una pena abstracta para este caso concreto de 5 a 15 años de reclusión. Además, se podrá imponer al responsable una multa hasta por el monto del Enriquecimiento Ilícito comprobado o hasta por el monto del incremento patrimonial injustificado, la cual se hará efectiva sobre los bienes.