Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Sección Antisecuestros y Operaciones Especiales adscrita a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), instruyó más de 20 procesos penales por el delito de secuestro en distintas modalidades y otros ilícitos conexos, durante los años 2021 y 2020, de los cuales se han resuelto con sentencias condenatorias en contra de los acusados y procesos penales vigentes.
Son seis sentencias condenatorias que se han obtenido a raíz de los trabajos investigativos coordinados por agentes de tribunales de la Sección Antisecuestros de la FESCCO, causas criminales mediantes los cuales se logró la condena de 12 personas por los delitos de secuestro y secuestro agravado.
Dentro de estos casos, esta la condena Walter Noel Murillo Izaguirre y Héctor Tejada Hernández, culpables mediante un acuerdo de estricta conformidad por el secuestro del periodista Víctor Manuel Pineda, quien fue liberado el sábado 23 de septiembre de 2017 en una acción policial que fue dirigida técnica y jurídicamente por el Ministerio Público, tras investigaciones que comenzaron el 4 de septiembre, fecha que en que familia de la víctima interpuso la denuncia sobre la desaparición del comunicador. El secuestro ocurrió el 30 de agosto, sus victimarios solicitaban una recompensa de 600 mil dórales.
Asimismo, otra de las condena de 12 años de prisión es en contra de Joel Rivera Márquez, quien aceptó su responsabilidad penal mediantes un acuerdo de estricta conformidad por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una menor de edad, mientras tanto vía procedimiento abreviado se obtuvo una condena de 11 años tres meses de reclusión en contra de Claudia Gabriela Guifarro Velásquez, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de Álvaro Gerardo Mora Chávez, originario de Costa Rica.
Otros de los sentenciados son Sebastián Soto Guzmán y José Abelardo Morazán Trujillo por el secuestro de Jesús Heberto Rodríguez, José Feliciano Reyes Peña por el delito de secuestro agravado en perjuicio de testigo protegido e Ismael Alberto Henríquez, Jonny Alexander Carrasco Espinoza, José Francisco García Ordoñez, Yimer José Montes Carranza y Alex Isaac Saavedra por el secuestro de Bernabé López Morales.
Por otro lado, siete casos de secuestro agravado se encuentran con procesos penales vigentes a la espera de las subsiguientes audiencias para ser elevadas a juicio oral y público donde el MP solicitará las condenas de las personas involucradas en estos ilícitos.
También se ha logrado procesar a siete personas por el delito de simulación de infracción inexistente en perjuicio de la Administración de Justicia, delito que es una novedad y cobra relevancia con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, en su artículo 529, al considerar ilícito quien simule ser víctima de secuestro para obtener un interés económico o de otra índole.
Finalmente, fiscales adscritos a la Sección Antisecuestros y Operaciones Especiales de FESCCO dirigieron de acciones de localización y captura de 12 personas acusadas de secuestro y otros ilícitos.
El requerimiento fiscal interpuesto en diciembre pasado es contra José Leonel Durón Pagoada, Yennerick Alvarado Romero y Moisés Aristides Orellana por los delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, así como contra José Luis Irías Montoya, Emerson Moisés Sánchez, Eduardo Luis Aguilera, Darwin Josué Canales, Josué Alejandro Cardona, Daniel Enrique López, Juan Francisco Fonseca, Carlos Javier Aguilera y Julissa Vanesa Álvarez por los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación y privación injusta de la libertad.
A todos se les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, en un caso que se investigó en conjunto con la Unidad Nacional Antisecuestros de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), determinando sus agentes, empleando diversas técnicas especiales de investigación, que esta banda operaba en diferentes puntos de la capital, siendo todos sus integrantes taxistas, quienes utilizaban este medio de transporte público para efecto de perpetrar acciones ilícitas, de las cuales fueron víctimas muchas personas que utilizaban sus unidades para movilizarse dentro de la capital de la República.