Con admisión de 99 medios de prueba en caso de Ciudad del Ángel, MP espera Juicio Oral y Público
Tegucigalpa. Francisco Morazán. Satisfechos se mostraron este día autoridades de la Fiscalía Especial del Consumidor y la Tercera Edad, luego de conocer sobre la admisión de la totalidad de los medios de prueba que el Ministerio Público (MP) presentará en el Juicio Oral y Público en el caso de “Ciudad del Ángel”, contra los diputados Nelson Abdalah Ghawi, José Valery Boris Espinal Ponce y el ex director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Darío Alberto Mejía Valdivieso.
En esta causa, a Nelson Abdalah Ghawi se le imputan 21 delitos de Abuso de Autoridad, mientras que José Valery Boris Espinal Ponce y Darío Alberto Mejía Valdivieso el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, todos con Auto de Formal Procesamiento en su contra.
Los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público (MP) lo constituyen 26 declaraciones testificales, entre ellas la del alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura y la exministra de SERNA, Maira Mejía, así como 69 medios documentales y cuatro informes periciales.
Como se recordará, la Fiscalía del Consumidor conoció este caso por denuncias de los afectados residentes en el proyecto habitacional ubicado en la capital de la República, y fue producto de las diligencias investigativas que se logró establecer que en el año 2005 la empresa Bienes y Raíces Arias presentó solicitud de licencia ambiental a la SERNA, a través de la Unidad de Gestión Ambiental UGAM de la AMDC, donde trabajaban Nelson Abdalah Ghawi y José Valery Boris Espinal Ponce.
La licencia ambiental del proyecto, que consta de 193 viviendas, de las cuales casi 150 están destruidas, fue aprobada en junio del 2006, previa firma de Contrato de Medidas de Mitigación. Producto de la tramitación de esta solicitud se realizaron una serie de inspecciones y se obtuvieron diferentes opiniones técnicas o dictámenes, mismos que evidenciaron el riesgo que técnicamente suponía la construcción del proyecto habitacional, cabe señalar que según el Convenio en referencia sería la UGAM la encargada de dar control y seguimiento a los contratos de medidas de mitigación.
Entre otros planteamientos expuestos en la acusación, los Fiscales sostienen que “durante tuvo vigencia la licencia ambiental, ambas instancias tanto la SERNA como la AMDC no hicieron el control y seguimiento a que estaban obligadas, así mismo, ninguna de las dos instituciones a través de los departamentos correspondientes exigió a los desarrolladores del proyecto la presentación de los informes que debían proporcionar semestralmente de conformidad al contrato de medidas de mitigación”.
El escrito además expone que “El proyecto fue ampliado sin solicitar el respectivo permiso ambiental”, también se destaca que ex funcionarios de la Alcaldía se excedieron en el uso de las facultades.
