Con 909 inspecciones, 67 multas, 36 decomisos y 441 donaciones, el MP finaliza con la Operación Salus IV a nivel nacional

Tegucigalpa, Francisco Morazán.- La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) ejecutó durante dos semanas consecutivas la Operación Salus IV en todo el territorio nacional y que deja como resultado 909 inspecciones, 67 multas o sanciones, 36 decomisos y 441 donaciones.

Cada acción dirigida por el Ministerio Público tuvo como objetivo garantizar a los consumidores y a las personas mayores el respeto de sus derechos.

De las 909 inspecciones, 161 se desarrollaron en restaurantes, 139 en supermercados, 111 en empresas de transporte, 79 en mercados y ferias del agricultor, 58 en hoteles, 44 en carnicerías, 42 en farmacias, 37 en hoteles, 22 en bodegas, 16 en abarroterías y el resto en centros comerciales, empresas repartidoras, ópticas, ventas de lácteos, heladerías, cafeterías, reposterías, panaderías, envasadoras de agua, agropecuarias, tiendas por departamento, ventas de pólvora, asilos y casas hogares.

En el caso de las 67 multas, se sancionó a a empresas de transporte por incumplir las condiciones del permiso para circular, deficientes medidas de bioseguridad por el COVID-19 y por el aumento injustificado a las tarifas en los boletos de viaje.

En cuanto a los 36 decomisos, 11 corresponden a unidades de transporte y 25 a producto vencido de una pizzería en la que se destruyeron 639 libras de levadura en mal estado.

En tanto, las 441 donaciones se hicieron en asilos que albergan adultos mayores, a quienes se les entregaron prendas de vestir, abrigos y se les hizo un festejo en ocasión de la navidad y año nuevo. A este trabajo se adiciona como un logro muy importante, la exoneración gestionada para el no pago de consumo de la energía eléctrica en 32 asilos a nivel nacional.

Los Fiscales del Consumidor y Adulto Mayor coordinaron la Operación Salus IV con las Fiscalías Regionales y Locales, la Dirección de Protección al Consumidor, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. (IHTT), los Juzgados de Justicia Municipal, la Dirección del Adulto Mayor (DIGAM) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

En suma, las casi 1500 labores operativas direccionadas por el Ministerio Público permitieron salvaguardar los derechos a los consumidores en relación al cumplimiento de precios establecidos en los productos de la canasta básica y de temporada establecidos mediante Decreto Ministerial 234-2020, así como fomentar el respeto a los derechos de los adultos mayores mediante la aplicación de descuentos, atención preferencial, rotulación y ventanillas especiales y a la vez verificando las medidas y protocolos de bioseguridad para la prevención del Coronavirus en los establecimientos inspeccionados.