Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Sección en Muertes Cometidas por Estructuras Criminales de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) comienza el juicio oral y público en contra Arleny Sarahí Guerra Portillo, integrante de la pandilla 18, acusada por suponerla responsable del crimen de 46 mujeres ocurrido el 20 de junio de 2023 durante una reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

Asimismo, acusada por cuatro delitos de asesinatos en su grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir e incendio cualificado.

El debate inicia hoy y concluye el 30 de mayo en el tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente, donde los fiscales de la FEDCV presentarán 97 medios probatorios para acreditar la responsabilidad penal de la procesada.

Por este mismo hecho criminal la FEDCV logró demostrar la culpabilidad de las primeras 15 integrantes pandilleras, Kenia Patricia Salinas Rivera, también conocida como Flavia Marlene Tercero, alias” La Tremenda”, María del Carmen Contreras Castillo, Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias “La Nena”, María Cristina Cálix Salinas, alias “La Fuga”, Any Dayann Barahona Mejía, alias “la Vagabunda” y Dania Jakeline Maradiaga Flores alias “La Inquieta”.

También a Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, y Francis Margarita Chavarría Ávila.

A las 15 procesadas las condenaron por 46 delitos de asesinato, cuatro asesinatos en su grado de ejecución de tentativa inacabada, asociación para delinquir, incendio cualificado; además tres por porte ilegal de armas de uso comercial, tres de arma de fuego prohibido y una por porte de municiones prohibidas y de uso comercial.

Con esta significativa resolución el Ministerio Público reitera su compromiso de investigar todas las muertes que ocurran en los centros de detención del país, tomando como principio que el derecho a la vida es inviolable por lo tanto debe respetarse.