Tegucigalpa, Francisco Morazán. En el inicio de la presente semana, fiscales adscritos a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) informan que tres casos judicializados por supuesta corrupción en la administración pública entran a la última etapa del proceso penal, con miras al desarrollo de los respectivos juicios orales y públicos.

En primer término se desarrollará audiencia de proposición de pruebas ante los tribunales anticorrupción por el proceso penal incoado en contra de ex funcionarios del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), los acusados son Aníbal Rodríguez Umanzor quien fungió como gerente legal del ente, Rodolfo San Martín Bendaña quien fungió como gerente financiero y quien además ya recibió una sentencia condenatoria en esta causa penal tras la aplicación de un procedimiento abreviado, Óscar Urbano Núñez Reyes quien es tesorero general y Luis René Eveline Hernández quien se desempeño como gerente general del SANAA.

En términos generales se trata de una investigación que resultó en un proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios, la FETCCOP durante las diferentes etapas del proceso ha sostenido que hay presunta responsabilidad penal de estas personas luego que la investigación arrojara entre otros aspectos que “ Analizado el proceso de asignación de fondos de caja chica del SANAA se logró determinar que el perjuicio económico causado a la administración pública a través de la emisión de 5 cheques al beneficiario, Aníbal Rodríguez Umanzor quien fungía como gerente legal antes mencionada suman L 725,000.00 lo cual queda evidenciado con toda la documentación soporte” las autoridades fiscales sostienen que los imputados se habrían valido de su condición y funciones para aprobar y luego sacar fondos de la institución que finalmente traerían beneficios personales.

También y en un segundo caso, esta semana fiscales anticorrupción se aprestan a representar los intereses generales de la sociedad en la audiencia de proposición de pruebas respectiva en el caso denominado “Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza” se trata de una denuncia que se investigó tras hechos registrados en el 2013, cuando se adjudicó más no se concretaron contratos para la realización de obras en el hospital Psiquiátrico Dr. Mario Mendoza, dejando en claro las investigaciones de la Fiscalía una serie de inconsistencias en el proceso administrativo que finalmente permitió la erogación de fondos públicos en concepto de pagos por esas obras que, como se constató no se realizaron, el dinero habría llegado a cuentas personales de los investigados.

Por lo anterior, figuran como procesados penalmente Eduardo Valeriano Yanes ex Jefe de Compras del centro hospitalario, María Suyapa Perdomo Paz (actualmente con orden de captura internacional) y Roberto Ramírez Triminio, representante legal de la empresa “Inversiones Mercantiles” S. DE R. L las imputaciones penales son por los delitos de mal versación de caudales públicos en el caso de Valeriano Yanes y Ramirez Triminio y por violación de los deberes de los funcionarios y mal versación de caudales públicos enfrenta este proceso la señora Perdomo Paz quien se desempeñó como administradora de la institución. Según las auditorías practicadas se estima que el perjuicio causado al centro hospitalario ronda en los L 225,000.00.

Por último, agentes de tribunales se aprestan del 10 al 16 de mayo al juicio oral y público en el caso denominado “Construcción y Remodelación de Sala de Triaje del Instituto Nacional del Tórax” procesos penales incoados tras la interposición de una denuncia en el año 2020 por parte de personeros de La Asociación para una Sociedad Más Justa, (ASJ) fiscales anticorrupción procesaron penalmente al ex titular de COPECO, Gabriel Rubí, al ex sub Comisionado de COPECO Gustavo Cruz, a la profesional de la ingeniería Arlette Magaly Montero, al señor Fernando Sierra representante legal de la empresa “JF Construcciones” de igual forma al señor Cristhian Elías Santelí ex administrador de COPECO (con orden de captura).

Fiscales a lo largo del proceso judicial han sostenido que, tras las investigaciones se pudo establecer que se realizaron procedimientos administrativos al margen de la ley que finalmente ocasionaron perjuicios ya que el propósito era la construcción de un triaje en el hospital de referencia, no obstante, hubo sobrevaloración de la obra y erogación de fondos sin que se dieran las condiciones lícitas para ello. Como antecedente, la Sala de Lo Constitucional admitió con suspensión del acto reclamado una acción de amparo a favor del ex titular de COPECO Gabriel Rubí.

En éstos y otros procesos, los fiscales de la FETCCOP esperan obtener resoluciones favorables a los intereses generales de la sociedad y del Estado apegadas al Estado de Derecho y por ende al debido proceso.