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Capturas por extorsión, tráfico ilícito de drogas y delitos sexuales reportan fiscales en operación nacional del MP

Publicado el 28 mayo, 2026 | | Compartir

Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La operación nacional que es coordinada por el Ministerio Público (MP), registra en las últimas horas varias detenciones de personas en todo el territorio nacional.

En ese sentido, en San Pedro Sula cuatro fueron capturadas por suponerlas responsables de varios delitos, entre éstos extorsión, tenencia ilegal de arma de fuego (uso permitido y prohibido) y asociación para delinquir, la captura es el resultado de una acción coordinada entre la Policía Nacional, Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y fiscales del MP.

Según la información oficial reportada las personas detenidas y que enfrentarán un proceso penal bajo presunción y respeto de su estado de inocencia son: Justin Fidel Soto Castro, Alisson Roselyn Banegas Rivera, Osman Enrique Fuentes Ardón y Esteban Josué Amaya Hernández.

En Danlí, El Paraíso, como resultado de los requerimientos fiscales presentados durante la operación, se dio la captura de un ciudadano identificado como Ramón Elías Aguilera, de conformidad con el expediente de investigación, a esta persona se le supone responsable penalmente de delitos sexuales en perjuicio de una niña.

Fiscales del MP en Talanga, en coordinación con autoridades policiales hicieron efectiva la captura de Ever Josué Ávila Medina, el ciudadano tenía pendiente una orden de captura que proviene de juzgado competente por la supuesta comisión del delito tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

En la capital de la República, fiscales contra el crimen organizado reportan la ejecución de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, en contra del ciudadano Roger Armando Mendoza Mendoza, a esta persona se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.

El Ministerio Público como garante del debido proceso realiza sus actuaciones en absoluto apego a la Ley en coordinación con la Policía Nacional y otras agencias de seguridad del Estado, actuando a la vez en legítima defensa y representación de los intereses generales de la sociedad.

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